¿Podrán los niños participar en la redacción de la ley del Menor? ¿Y se atenderá su opinión antes de emprender una reforma educativa? ¿Se les consultará sobre el diseño de nuevos espacios urbanos, infraestructuras o zonas de recreo? Los niños, tratados hasta ahora como adultos a medio hacer, con escasa capacidad de decisión y de intervención en la vida pública, van camino de convertirse en ciudadanos en toda regla, con sus derechos y obligaciones cívicas.
Asturias ya ha dado los primeros pasos en esa dirección. La constitución del Foro Municipal por los Derechos de la Infancia, en el que representantes políticos y técnicos de diversos municipios asturianos debatirán y diseñarán sus políticas de infancia, y sobre todo la inminente creación del Foro de la Infancia y la Adolescencia de Asturias, concebido como un órgano consultivo, conforman la estructura sobre la que el Gobierno del Principado quiere articular un sistema que confiera a los niños la capacidad de opinar sobre asuntos de gobierno que les conciernan.
Es una apuesta por «un modelo de democracia avanzada», afirma Gloria Fernández, la directora del Instituto, y la consigna es «dar voz a quien no tiene voto».
El Foro de la Infancia y la Adolescencia de Asturias reunirá al menos una vez al año a los niños que participan en los foros y consejos locales, quinientos en total de entre 6 y 18 años, con grupos de trabajo específicos para los adolescentes. Es un órgano consultivo y como tal los informes o dictámenes que emitan, ya sea a petición del Ejecutivo o por iniciativa propia, serán tenidos en cuenta en el diseño de planes estratégicos de infancia e iniciativas similares.
Asturias está por delante de la mayoría de las comunidades autónomas en lo que se refiere a participación infantil en el ámbito social y cívico, asegura la directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia. De hecho, anuncia, es una de las comunidades seleccionadas para que los niños evalúen el grado de consecución de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, una encomienda en la que contarán con el respaldo técnico de una funcionaria del Ministerio de Sanidad y Política Social.
