Los 500 euros del 'cheque-bebé' del Principado dejan de ser una ayuda universal y, en adelante, sólo se ingresarán en las cuentas bancarias de las familias con una renta máxima anual de 45.000 euros. El Consejo de Gobierno, con el acuerdo de PSOE e IU, dio ayer luz verde a la remodelación de esta subvención, uno de los tradicionales puntos de fricción entre los socios del Ejecutivo. De acuerdo a lo pactado, se habilitará una partida de unos 3,6 millones de euros para satisfacer a los potenciales beneficiarios, que se estiman en algo más de 7.000. La restricción en el nivel de renta supone que, en términos aproximados, la nueva convocatoria recorte en 1.500 el número de familias beneficiadas respecto a la anterior.

La reforma del controvertido 'cheque-bebé', aprobado por el gabinete de Vicente Álvarez Areces al albur de una promesa idéntica del Gobierno central, ha generado problemas desde el principio. IU, entonces en la oposición, siempre se ha manifestado en contra de lo que llama «barra libre de ayudas», y desde su entrada en el Ejecutivo dejó clara su intención de, si no eliminar, sí modular esta subvención. Y así ha sido.

Lo cierto es que, en realidad, los cambios en el 'cheque-bebé' tienen un componente mucho más político que práctico. El PSOE, que esgrime la crisis como principal argumento para los cambios, mantiene vigente una de sus propuestas 'estrella', que Areces anunció en el debate de su investidura. E Izquierda Unida puede jactarse de conseguir que una subvención que siempre rechazó se vea moderadamente rebajada.

Porque, a efectos prácticos, los cambios no son de gran trascendencia. En términos presupuestarios, su impacto es nimio. El Gobierno prevé gastar en el nuevo periodo 3,6 millones de euros. En el anterior, la inversión superó ligeramente los cuatro millones. El ahorro que se puede conseguir es bastante escaso.

Respecto a los beneficiarios, y según las estimaciones facilitadas ayer por el Gobierno, más de 7.000 familias podrán recibir esta ayuda si tienen un hijo entre el 1 de noviembre del pasado año y el 31 de diciembre de 2009. En la pasada convocatoria, ya cerrada y que abarcó desde el 1 de julio de 2007 hasta el pasado 31 de octubre, hubo 8.499 perceptores. Es decir, que un máximo de 1.500 familias, teniendo en cuenta que los datos de 2009 son aproximativos, quedarán fuera de la subvención.

Las dos caras del Gobierno exhibieron ayer con satisfacción el acuerdo, aunque con matices. Su portavoz, la socialista Ana Rosa Migoya, justificó la actualización del 'cheque-bebé' en la necesidad de «acomodarlo a la coyuntura económica» y con el objetivo de que, en un momento de crisis, «se dediquen los recursos a quienes más lo necesitan». Era el momento, argumentó, de introducir retoques para «favorecer a quienes más sufren los efectos negativos» de la recesión. A su juicio, los 45.000 euros de tope máximo de renta son una cifra «razonable» porque quien está por encima «no necesita esos 500 euros como algo imprescindible».

IU hizo alarde de más entusiasmo. Sus responsables parecen hallarse satisfechos de una negociación en la que el PSOE pretendía situar el umbral de renta en 60.000 euros, mientras que la coalición abogaba por un modelo basado en tramos que permitiese que las familias con menos recursos cobrasen más de los 500 euros lineales. El punto medio parece razonable y la formación así lo entiende. «La barra libre de ayudas tiene que acabarse, no se puede dar la misma subvención a alguien que gana 600 euros al mes que a alguien que gana 6.000», apuntaron las fuentes consultadas por este periódico.

Para IU, este retoque es sólo un primer paso. Sus responsables tienen la intención de llevar a la mesa de negociación presupuestaria que en septiembre se abra con la FSA la propuesta de suprimir del todo el 'cheque-bebé' en 2010 y derivar esos recursos hacia la potenciación de la red de escuelas de 0 a 3 años. Asimismo, propondrá revisar a la baja el límite de renta para el acceso a las ayudas a la compra de libros de texto, hoy fijado en 60.000 euros.

Fuentes del Gobierno precisan a este respecto que ninguna de ambas propuestas ha sido analizada hasta el momento. Aunque, de partida, no se descartan. En cuanto a la posibilidad de endurecer el acceso a las ayudas a los libros de texto, Migoya no cerró la puerta esa posibilidad, aunque tampoco la dio por hecha, y se remitió a la evolución de la crisis económica. «En el fondo, el Gobierno actúa como una familia; si hay menos recursos, se destinan a donde más se necesitan», ejemplificó.

El Partido Popular asiste a este debate como mero espectador, aunque desde una posición crítica. «El PSOE usó electoralmente esos 500 euros y ahora se constata que ha engañado a los ciudadanos», opina la diputada Inmaculada González. En su opinión, queda claro que Areces ha cedido ante Izquierda Unida y ha aceptado la reforma del 'cheque-bebé' para «que sus socios le aprueben el presupuesto».